El Gobierno amplía las restricciones a los alimentos ultraprocesados en los centros públicos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado una ampliación de las medidas destinadas a reducir la presencia de alimentos ultraprocesados y fritos en los espacios públicos. Estas limitaciones, que hasta ahora se aplicaban principalmente a hospitales y residencias, se extenderán a todos los centros de titularidad pública, incluidos museos, bibliotecas, universidades, instalaciones deportivas y servicios de restauración en centros de trabajo públicos.

El anuncio fue realizado por el ministro Pablo Bustinduy durante el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, celebrado en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y presidido por la reina Letizia. El nuevo Real Decreto, que se somete a información pública, establece criterios más estrictos para mejorar la calidad nutricional de la oferta alimentaria en estos espacios.

La normativa fija un máximo de dos raciones semanales de ultraprocesados y frituras en centros con pensión completa y régimen residencial, y limita su presencia a una sola vez por semana en desayunos y meriendas. En el caso de la alimentación infantil, estos productos quedarán excluidos por completo.

Además, la regulación obliga a que al menos el 80 % de los productos disponibles en máquinas expendedoras sean opciones saludables. Asimismo, se priorizará la oferta de frutas y verduras frescas y de menús variados elaborados en las propias cocinas de los centros. El decreto también contempla la instalación de fuentes de agua potable de acceso gratuito, correctamente señalizadas, para fomentar una hidratación saludable.

Otra de las medidas destacadas es la realización de evaluaciones nutricionales en hospitales y centros residenciales, tanto en el momento del ingreso como de forma periódica, con el objetivo de prevenir la desnutrición y detectar de manera temprana posibles riesgos relacionados con la alimentación.

Durante su intervención, el ministro subrayó que una gran parte de la población infantil y adolescente consume habitualmente productos poco saludables y está expuesta a un elevado volumen de publicidad de este tipo de alimentos. Según indicó, estas medidas tendrán un impacto directo en millones de menores que utilizan a diario los comedores escolares y otros servicios públicos.

El marco legal del Real Decreto se apoya en tres pilares fundamentales: la mejora de los comedores escolares, la regulación de la alimentación en los centros públicos y el control de la promoción de alimentos no saludables. En el mismo acto, la reina Letizia destacó la importancia de estas políticas preventivas, especialmente en el ámbito escolar, por su influencia directa en la salud de la infancia y en la reducción de la obesidad y el sobrepeso, que afectan con mayor intensidad a familias con menos recursos.

La aprobación de esta norma se produce en un contexto preocupante en materia de salud pública. Datos de la Organización Mundial de la Salud sitúan la obesidad infantil en Europa en niveles elevados, y en España una parte significativa de los niños presenta exceso de peso. Estas medidas refuerzan el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado en 2025, que garantiza el consumo regular de frutas y verduras frescas y una oferta equilibrada de comidas saludables en los centros educativos.